La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población de Providencia afectados por la destrucción de la isla con el paso del huracán Iota._(Foto archivo)
Los accionantes señalaron que la petición es de especial urgencia porque abarca temas de cambio climático, desplazamiento forzado y el incumplimientos del gobierno luego de su promesa de reconstruir la isla en 100 días.
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), una de las organizaciones firmantes en la acción de tutela anotó que, “aunque en decisión de primera y segunda instancia de la tutela fue negado el amparo de los derechos fundamentales vulnerados a la comunidad raizal, más de 90 familias firmaron una carta pidiendo a la Corte que estudiara su caso”.
Agregando que “la premisa de este trabajo conjunto entre la comunidad y las organizaciones que aquí firmamos es solicitar la protección integral de los derechos fundamentales de la comunidad raizal. En este proceso, la comunidad y las organizaciones participantes enfatizamos en la urgencia de atender las repercusiones del desplazamiento climático y las consecuentes vulneraciones a derechos fundamentales como la vida digna,la salud, la vivienda, la propiedad ancestral y la consulta previa, entre otros.”
Por otra parte, los tutelantes sostuvieron que se estaban vulnerando los derechos de acceso a la información pública, ya que “los datos entregados por el Gobierno Nacional sobre el plan de reconstrucción no eran claros ni accesibles, ni el Plan Activo de Contingencia de la UNGRD fue consultado por la comunidad, aun cuando su futuro ancestral dependiera de ello”, se indica en un comunicado de la organización sobre la situación.
Lo que esperan los accionantes con esta revisión es que la Corte se pronuncie sobre cuál es el deber del Estado frente a estas afectaciones. Adicionalmente, dicen los peticionarios, el alto tribunal “tendrá la oportunidad de sentar precedente sobre el reconocimiento legal de la existencia del desplazamiento o emplazamiento forzado relacionado con eventos climáticos”. Según ellos, “esto permitiría abrir la posibilidad de establecer una hoja de ruta nacional que incluya las fases de asistencia humanitaria, recuperación y desarrollo de los territorios”.
A este llamado se unieron, como respaldo Dejusticia, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (Masp Uniandes), el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Celeam), la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín, el Reading Centre for Climate and Justice, Transparencia por Colombia, entre otras organizaciones. Finalmente, la tutela fue seleccionada por la Corte Constitucional en agosto de 2021.
