Está demostrado históricamente que de lo que menos se ocupa el gobierno centralista de Colombia es de las aspiraciones de las comunidades de las regiones. Comprender un poco más las costumbres, los hábitos y las manifestaciones culturales que hacen diferentes del resto de los colombianos a los raizales, por ejemplo, nunca ha sido parte de la agenda oficial.
Dentro de la burocracia bogotana es fácil tropezar con funcionarios que desconocen mínimas cosas como que San Andrés y Providencia son dos islas distintas y distantes. Tanto así que algunos creen que los isleños se desplazan en vehículos de tierra de una isla a otra.
Como pasó en el comienzo del decenio de los años 90 (si la memoria no me falla), cuando el Ministerio de Educación entregó una biblioteca móvil al recién nacido departamento insular y determinó mediante una resolución que durante la mañana estuviera en San Andrés y por la tarde en Providencia a fin de que cumpliera en un mismo día con los términos del aludido acto administrativo.
Al gobierno nacional le ha quedado grande el reto de gobernar al mismo tiempo a las diferentes Colombia que existen en su área geográfica. A menudo, las personas que ocupan los cargos públicos en el gobierno central terminan obrando más con base en los arraigados prejuicios que arrastran desde la época de la colonia y desvalorizan las comunidades que son diferentes a su propio acervo cultural.
Muchos, muchísimos, quizá, compatriotas del interior no se han tomado el trabajo de constatar que territorialmente los habitantes nativos de esta región del país son caribeños insulares, caracterizados por una cultura diferente a la de tierra firme, aún de sus más próximos vecinos de la costa Atlántica, y que son más parecidos y cercanos a los pobladores del gran Caribe.
Esto ha traído como consecuencia los fenómenos que ya todos conocemos, como una incontrolada ola inmigratoria hacia San Andrés, motivada por oportunidades más para los de afuera que para los nativos, una transformación urbanística nociva sobre la tenencia y distribución de la tierra, la aparición de problemas críticos de tipo ambiental, y la modificación de su mapa geográfico por cuenta del fallo de La Haya de 2012, en fin.
Hoy, mucho tiempo después, las cosas no parecen cambiar y se desconoce por parte del gobierno central la importancia de incluir un buen agente raizal dentro del equipo colombiano que afronta las demandas de carácter expansionistas de Nicaragua ante la Corte Internacional de La Haya (CIJ). Aún a sabiendas de que el factor raizal constituye una pieza fundamental de la fortaleza de la defensa colombiana.
El Presidente Duque parece desestimar, mas no ignorar, la importancia de esta cuestión. Ya que para tomar decisiones de fondo en esta disputa territorial donde están involucrados los derechos consuetudinarios de un grupo poblacional de especial protección como los raizales, un nuevo fallo adverso de la CIJ sería injusto e irremediable.
Y quien mejor preparado para defender estos derechos que un agente raizal dentro del equipo legal de Colombia ante La Haya, para incorporar los elementos de juicio de gran significado patriótico, humano, histórico, cultural y económico, que poseen para fortalecer la estrategia de defensa jurídica del país. Colombia no puede seguir ejerciendo soberanía en el archipiélago sólo a partir de la presencia de sus estamentos militares, esencialmente, sino también mediante la apertura de espacios de este tipo para los raizales.
La participación jurídica y política en este diferendo limítrofe con Nicaragua, es el paso que espera dar esta comunidad para sentir realmente que el gobierno central por fin considera su expresión autóctona como valor, principio y derecho constitucional, pues, hasta ahora, no ha sido garantizada de la misma manera que ha sucedido respecto de otras etnias reconocidas.
Sumativo.- Esto dijo el internacionalista Enrique Gaviria Liévano (Q.E.P.D.) en San Andrés el 30 de junio de 2018: "La estrategia (...) del nuevo gobierno [de Iván Duque], requiere no solo un nuevo enfoque sino de verdaderos internacionalistas que respondan con acierto las nuevas pretensiones de Nicaragua de que se declare el incumplimiento de Colombia del fallo de 2012 y que se le reconozca una plataforma extendida, más allá de las 200 millas marinas".
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Este artículo obedece a la opinión del columnista. EL ISLEÑO no responde por los puntos de vista que allí se expresan.