En medio de este panorama de crisis generalizada del país, urge no dejar de soñar. Los sucesos de estos días podrían no ser señales de desconfianza hacia el futuro, sino una difícil, pero desde luego posible, forma de sacudir la alfombra del pasado.
El desafío más retador, hoy por hoy, es construir una visión de mediano y largo plazo para sortear mejor la crisis originada por la pandemia y el descontento social con el actual gobierno. Nuestro país tiene ante sí la posibilidad de aprender de los errores y avanzar hacia el progreso colectivo, la creación de empleo y el objetivo inmediato de sacar a millones de familias de la pobreza en la que cayeron tras la agudización generada por la crisis sanitaria.
El retiro de la Reforma Tributaria se dio en el sentido correcto. Pero retomar la inversión y al dinamismo productivo que había antes de todo esto, requiere de condiciones necesarias para salir del ritmo letárgico en que está sumido el crecimiento del país. Para lograrlo, es fundamental reconocer que somos una nación de regiones con heterogéneos puntos de vista, tanto en lo político, como en lo económico, lo social, lo cultural, que infortunadamente han sido desaprovechados.
Razón por la cual rara vez los acuerdos nacionales han surgido del ejercicio del pluralismo político y, generalmente, el debate se ha resuelto casi siempre a favor del centralismo. Porque, de acuerdo con lo visto hasta ahora, ha sido el gobierno nacional el que ha explorado y planteado soluciones a la crisis actual, dejando de lado en muchos casos propuestas y fórmulas regionales que expresan novedosas maneras de administrarla y gestionarla.
De tal manera que esta puede ser la oportunidad para volver a pensar en la descentralización, con un enfoque distinto de las capacidades estatales en Colombia, dadas las marcadas diferencias territoriales, geográficas y culturales por todos conocidas. Para ello es fundamental también hoy entender al país de distinta forma, pues hay una nueva generación en las calles reclamando tal cambio.
En este ambiente de tensión permanente, lograr eso no es sencillo. Pero hacer el esfuerzo para ponerse de acuerdo o intentar resolver la disputa por medio del diálogo, es el único camino. El modelo actual de descentralización que instauró la Constitución de 1991 tuvo efectos inesperados por todos conocidos, como la débil capacidad institucional de algunos departamentos para asumir buena parte de las nuevas tareas asignadas. Empero, no se puede colegir que no sea viable.
Desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina miramos con buenos ojos apostar por una nueva concepción del Estado, como una amalgama de visiones, algunas veces ‘contrarias’ entre sí, que responda a las múltiples capas de las estructuras sociales incrustadas en las regiones, y no como un ente unitario y estanco, como hasta ahora.
Es momento de identificar oportunidades y aprovecharlas. El progreso de la ‘Región Seaflower’, creada a la luz del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 -2022, y la promulgación del Estatuto Raizal, por citar dos ejemplos, son sueños acordes con esta nueva mirada que reconoce la multiculturalidad de nuestro país y los principios e ideales propios del Estado Social de Derecho. Máxime cuando fueron armonizados desde su gesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), iniciativa global impulsada por Naciones Unidas.
Resulta pertinente, insistimos, aproximarnos más a los fines constitucionales establecidos en 1991 y procurar un genuino desarrollo regional que impacte a nivel nacional. El cambio climático asecha. Imaginar una nación construida con el valioso aporte del Caribe, cuya cosmovisión, historia, vida social y cultural, han construido múltiples manifestaciones que identifican a Colombia en el mundo entero y, por ende, a una democracia futura, incluyente y sustentable, no es una utopía.