Ante la ola de inseguridad que pone en peligro la vida y trabajo de muchos isleños y las bases de la economía local que vive del turismo –que la delincuencia está espantando–, no se explica por qué las autoridades locales y nacionales no han implementado un plan urgente de acción. O por lo menos un consejo de seguridad. Su ausencia indica una vergonzosa abdicación de la obligación oficial de proteger a los sanandresanos y a los visitantes.
La celebración nacionalista ayer en las calles de San Andrés de los 200 años de independencia de Colombia aparece sin sentido frente a la interminable lista de necesidades isleñas insatisfechas que encabeza ahora la inseguridad.
Obligan a preguntar para qué ha servido a las islas ser parte de Colombia desde hace 197 años si el país no atiende sus necesidades pero insiste en mantener un domino completo sobre ellas.
Por eso no se sabe qué es más escandaloso: los actos delictivos que no paran y que desafían a unas autoridades que dan la impresión de no saber qué hacer, o la ineptitud de las mismas que parecen haber optado como salida a su fracaso ignorar las cosas y esperar a que la situación se calme.
Sea lo que fuere, sus estrategias no están funcionando y lo peor es que la percepción de debilidad del gobierno y las instituciones locales y la aparente indiferencia oficial nacional de lo que acontece en las islas, contribuyen a que los delincuentes piensen que tienen rienda suelta para actuar.
Y lo poco hecho ha sido débil, ha fracasado o ha sido contraproducente. Al admitir públicamente que se está perdiendo la batalla contra la delincuencia –como lo hizo el gobernador (e) ante la Asamblea Departamental– efectivamente se da a entender que nada pueden (o quieren) hacer y se invita a cometer más delitos. Los delincuentes siempre aprovechan vacíos de poder e indiferencia institucional y se les dio una oportunidad para ello.
“Aló Bogotá”
Estos no son tiempos normales y se requieren acciones extraordinarias. Una de elaos fue la apuesta al Gobierno local con el nombramiento de un Gobernador militar que había hecho pensar que las cosas mejorarían, en especial en el frente de seguridad, que es su fuerte.
Pero ante lo que acontece, la llegada de todas las plagas y calamidades imaginables y el fracaso para atenderlos, ya es tiempo de que el Presidente Duque finalmente revise y justifique este nombramiento y su estrategia para las islas. Duque no confió en los isleños pero ha fracasado al dejar en manos de gente no isleña, en Bogotá y en las islas, las decisiones importantes y estrategias para sacarlas de la actual crisis.
Las justificaciones que llevaron a muchos a respaldar a alguien de afuera –una especie de respiro a las acciones depredadores de los políticos locales en el poder– y la posibilidad de atender bien la inseguridad, ya no están. Primero, porque no se han logrado mejorías y segundo, porque se observa una vuelta al pasado, con el retorno de un nivel de control politiquero de la Gobernación.
Lo triste es que en Bogotá no parecen reaccionar ante la terrible situación de las islas, pero en cambio, sí insisten en mantener control sobre todo. Entonces es hora de que asuman la responsabilidad de ese control y hagan algo significativo. También es necesario que se examine la continuidad o no del gobernador encargado.
Es tiempo ya de que se percaten que los desfiles del 20 de Julio como el de ayer, fracasarán como medidas de adoctrinamiento y patriotismo de los isleños raizales –y no raizales también– si se dejan sin solucionar los problemas serios de verdad.
Los desfiles deberían ser para conmemorar desarrollo con orgullo y no solo una fiesta más y una señal del ‘control’ que se ejerce sobre las islas y los isleños. Soberanía también es progreso, seguridad y dignidad. Un pomposo desfile no soluciona los graves problemas que padece hoy el Archipiélago.
"Todos en la cama..."
Es urgente que se convoque una cumbre de instituciones locales y nacionales sobre el tema seguridad. La Gobernación es débil y da la sensación de que actúa siguiendo dictados del Ministerio del Interior y Presidencia, pero ellos tampoco actúan y parecen tirarse la pelota de un lado a otro, mientras San Andrés va de crisis en crisis, y Providencia no se queda atrás.
Pero no solo hay un vacío de acción institucional El considerable poder militar residente debe concentrarse más en los sitios focos de delincuencia, en políticas de prevención y en ganarse la confianza de la comunidad que es una herramienta fundamental para captar información de inteligencia necesaria.
Por su padre, la rama judicial debe hacer un mayor esfuerzo no solo por judicializar sino en asegurar capturas y penas. Y algo fundamental: mantener mayor control sobre las acciones de sus empleados.
Todo parece tener un precio a la hora de administrar (o manipular) justicia, pero al final de cuentas el mayor precio lo paga la comunidad y los gremios productivos con más crímenes, menos ganancias, y lo peor: más corrupción que le niega a todos un mejor futuro.
Por último, la comunidad y esos gremios son a veces cómplices por su silencio y falta de acción. Su desconfianza en las autoridades no es excusa para no actuar. Deben exigir más, protestar más, aportar más, para que las autoridades hagan lo que deben hacer.
