El cable submarino de fibra óptica que conectaría a San Andrés con el resto del mundo, se encuentra en un escenario similar a una autopista de 18 carriles que aún no funciona porque no se ha definido el costo del peaje. Mientras tanto, los usuarios siguen transitando en burro.
Lo grave del asunto, además de las versiones y trascendidos -contradictorios en la mayoría de los casos- es que el cable llegó a San Andrés en septiembre del año pasado y ya completa seis meses de lucro cesante. Un costo muy alto para una inversión de carácter social efectuada por el Gobierno Nacional que a los ojos de la sociedad se convirtió en un “tira y hale de cables”.
Las reuniones que tendrá el Gobernador Pedro Gallardo con los funcionarios de Compartel y del Ministerio; la citación de la Asamblea Departamental y las protestas cada vez más crecientes en las redes sociales, hacen prever un desenlace a esta vergonzosa situación, en la que se pretende vender a los operadores locales un servicio seis veces más caro que en el interior del país.
Si esto es así, ¿qué quedará para los pobres usuarios?
