Desaparecen las esperanzas de cambio y de controlar la corrupción. Con el nuevo gabinete, los espacios de la vieja política –con su capacidad de influenciar el gasto público– volvieron a recuperar un terreno perdido. Por otra parte, las relaciones con la comunidad raizal-se han agravado por la citación a una audiencia pública, amparado en el Código de Policía ¿Tenía opción el Gobernador (e)?
Cualquier decisión le hubiera significado dolores de cabeza, pero la vía política le quita independencia y legitimidad y muchos se preguntan para qué seguir en el cargo. Muchos isleños están ya decepcionados. La clase política respira y simultáneamente inicia campañas para las elecciones de octubre 2019.
El gabinete ni es tan nuevo ni representa el corte con el pasado que se esperaba. Aún están algunos (as) asociados a los escándalos y hasta con sanciones. Parece más bien un caso de borrón a medias y cuentas nuevas, pero con los mismos cuentahabientes.
Lo único cierto es que con la cohabitación con la vieja guardia, la ventaja de un Gobernador encargado independiente se ha ido diluyendo y con ello su criticada legitimidad queda más comprometida y su capacidad de acción reducida.
Esto lo hace muy vulnerable a cualquier acción política y a cambios en la opinión pública (como lo confirma el precario manejo del lote de la Policía). Queda débil porque perdió respaldo popular y al haber recuperado el ‘upper hand’ la clase política insistirá en uno de los suyos a la primera oportunidad, si sus demandas no son cumplidas.
Deficiente toma de decisiones
La presente coyuntura de crisis ha dañado las relaciones entre el Gobierno local y la comunidad isleña. El daño con la comunidad raizal ha sido más fuerte y se ha agravado por la citación de líderes raizales a una audiencia pública, amparado en el Código de Policía, por presunta ‘perturbación de la propiedad ajena’ por la ocupación del lote que fue cedido de manera irregular.
Esta movida fue mal concebida y tendrá efectos duraderos que impactarán en la gobernabilidad local y en la reputación del país. Agitó una pelea que si bien se hubiera podido ganar en lo legal; en lo moral ya está perdida…
¿Por qué? porque ignora e irrespeta genuinas demandas y derechos étnicos e históricos raizales que, a propósito del sexto aniversario del fallo de La Haya, Colombia dice estar respetando y defendiendo.
Revive la enorme desconfianza raizal hacia el sector militar y el Gobierno Nacional. Se debió haber balanceado bien lo legal y el elemento de soberanía involucrado con los costos y beneficios para las islas y el Gobierno local, porque llevará a conflictos con la comunidad raizal difíciles de superar.
La presencia de policías armados en la reciente audiencia fue exagerada y no augura bien para el diálogo que va a ser necesario porque sería totalmente inaceptable y contraproducente el uso de la fuerza por los efectos dañinos para la Policía y el Gobierno.
Mientras hay disposición de un compromiso con la clase política, y se ignoran miles de hechos irregulares como el narcotráfico, se usa mano dura contra auténticas demandas raizales. Con ello se vuelve a hablar de persecución de raizales y de doble moral.
El mismo Gobierno Nacional ha tomado posesión de terrenos ajenos pero nada se ha hecho para recuperarlos. Las mismísimas instalaciones del comando militar cerca al muelle se construyeron sobre terreno comunitario y hasta destruyendo manglares en la única reserva forestal natural que queda en San Andrés.
El liderazgo raizal aspira recuperarse de recientes golpes y dará una buena pelea que bien le puede fortalecer, irónicamente gracias al mismo Gobierno local que desea que se mantenga al margen.
No ha tenido eco su crítica al nombramiento de Herrera, pero la mano dura del gobierno lo fortalece. Se percibe que esa crítica, y la mala química entre los dos que viene desde los debates del Estatuto, pudo haber influenciado la decisión de citarlos a la audiencia, una posible actitud revanchista que degrada el cargo público y dañará relaciones con la comunidad raizal.