La audiencia pública a la que fueron citados este viernes algunos de los miembros de la Población Raizal, que hicieron la toma pacífica del predio aledaño a la Occre, fue declarada suspendida por los alegatos presentados por la defensa de estas personas, quienes alegaron que se cumplieran las garantías del proceso que establece la ley.
Entre otras cosas, reclamaron la incorporación en el proceso a la Gobernación del Departamento, ente que se encuentra vinculado de manera clara y excluyente a la situación; y también el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Étnicos, por tratarse de una problemática que afecta a un territorio y a un grupo étnico en particular.
Así mismo, se recusó a la Inspectora de Policía a cargo del caso por tratarse de una funcionaria dependiente del ente territorial, involucrado también en el caso, por lo que se determinó la suspensión de la audiencia al menos por dos días hábiles.