Hacia las 3:00 de la tarde de este viernes, Jair Torres Díaz, el juez primero penal mixto de San Andrés, tomó la decisión de enviar a prisión a cuatro de los más altos funcionarios de la isla. (Tomado de El Tiempo).
Tras revisar cada pieza del expediente y derramar un par de lágrimas, dio la orden de enviar a prisión a Zulema Conolly Quin, jefe de la oficina jurídica; Alejandro Lozano Bowie, secretario de infraestructura; Luis Albeiro Urrego Gaviria, supervisor de obras; Elizabeth O’neill Newball, supervisora; y a los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabián Lever Whittaker.
"Es cierto. Se me escurrieron un par de lágrimas al escuchar el monto del dinero involucrado. Aquí hay mucha pobreza. Con 120.000 millones de pesos se pueden hacer vías, colegios y centros de salud para la gente más pobre de la isla y no es justo que desvíe", le dijo Torres a EL TIEMPO.
Torres –tiene 36 años, nació en la isla y empezó como modesto oficial mayor de juzgado–, también dijo que siempre quiso administrar justicia en favor de la gente. Por eso, después de estudiar derecho en la Universidad Rafael Núñez de Cartagena decidió volver a la isla y empezar la carrera judicial por el cargo más bajo.
De familia humilde, Torres estudió en su niñez en el Instituto Industrial, un colegio público de la isla. Ya con el título de abogado, fue inicialmente oficial mayor del juzgado primero penal del circuito y por su desempeño, 30 meses después lo nombraron Secretario del juzgado promiscuo municipal. Tras ejercer ese mismo cargo en otro juzgado, fue ascendido a auxiliar de un magistrado del tribunal superior.
El joven juez no duda en decir que si bien ha tenido en sus manos varios procesos, este es sin duda el más importante por el monto y las personas involucradas.
“No hay derecho a robarse el dinero de nuestra gente, lo digo como Isleño, no como Juez”, dijo minutos antes de enviar a la cárcel a varios de los involucrados en este escándalo, que también involucra a dos exgobernadores –Ronald Housni y Aury Guerrero– en el supuesto direccionamiento de millonarios contratos que favorecieron a un grupo de constructores que había hecho aportes a sus campañas.
"Siempre he estado al servicio de la gente y pueden estar seguro de que seguiré impartiendo justicia", le dijo el juez a EL TIEMPO.
(Tomado de El Tiempo)