Con el proyecto de ordenanza N° 005 de 2018, de autoría de los diputados José Mitchell Hudgson y Arlington Howard Herrera, se anhela, por fin, establecer los insumos necesarios para construir una política pública que vele por la protección y salvaguardia de las viviendas de arquitectura típica en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La iniciativa busca facultar “al Gobernador para la adopción de la obra ‘La Casa Isleña, patrimonio cultural de San Andrés’, producido por la Universidad Nacional, como uno de los elementos básicos para la construcción de la política pública de protección, preservación, salvaguardia y sostenimiento de los diferentes bienes inmuebles o viviendas de arquitectura típica, nativa o tradicional localizados en el Archipiélago”.
Howard Herrera le explicó a EL ISLEÑO que dada las limitaciones que tiene el gobierno departamental para invertir en propiedad privada, se vienen analizando desde hace un tiempo los mecanismos que permitan la conservación de dichas casas y evitar su desaparición.
Por eso, el proyecto propone que los empresarios, comerciantes, industriales y los mismos dueños de casas típicas puedan aceptar, bajo exoneración del pago del impuesto de Industria y Comercio o del Predial, reinviertan esos recursos en la conservación, preservación o construcción de casas previamente inventariadas.
De acuerdo con la investigación realizada en 2004 por Clara Sánchez Gama junto a otros arquitectos, constructores y sabedores artesanales en la materia, se conoció un listado –en esa época– de más de 300 viviendas con características de arquitectura típica.
“De ese tiempo a la fecha, más de 50 de ellas han desaparecido, porque sus dueños originales las vendieron y los nuevos readecuaron su estilo; o porque los propietarios no tuvieron recursos para su sostenimiento y algunas ya están en el piso”, comentó Howard Herrera.
Otra bibliografía que puede tomarse como base para identificar dichos inmuebles –agrega el diputado– es el libro ‘Arquitectura Caribeña’ de Samuel Gutiérrez; o las obras de los arquitectos Lorenzo Fonseca y Alberto Saldarriaga; junto al manual que en su momento elaboró el Sena Regional San Andrés, exponiendo la delicada situación de pérdida de la arquitectura patrimonial en las islas.
Exposición de motivos
El proyecto de ordenanza fue enmarcado como ‘Políticas Públicas y Obras por Impuestos, la fuente legal y económica para la preservación de la Vivienda Típica o Nativa del Departamento Archipiélago’.
‘Obras por Impuestos’ permitirá a aquellos privados, que queriendo hacer un aporte a la cultura del pueblo étnico Raizal, inviertan en la reparación o sostenimiento de viviendas, recibiendo por ello la exoneración hasta del 100 por ciento de sus impuestos (las tablas de porcentajes serán dadas a conocer posteriormente).
El porcentaje de descuento dependerá de cuánto se vaya a invertir y estará sujeto a ciertos requisitos, entre ellos la firma de un oficio de aceptación dirigido a la Secretaría de Hacienda.
El proyecto de ordenanza está fundamentado en algunas leyes ya existentes en la legislación colombiana, relativas a la protección de la cultura y las identidades étnicas.
De acuerdo con Howard Herrera (a la derecha), la Constitución Política en su artículo séptimo indica que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”; y en el octavo dice que “Es obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
Adicionalmente, y reconociendo las particularidades del Departamento Archipiélago, se creó el artículo 300 y con éste se dio paso a la Ley 47, como marco jurídico para las islas.
Dentro de la Ley 47 se generaron entre otras, las funciones especiales para el Gobernador y los diputados de la Asamblea, estableciendo en su artículo cuarto (numeral j): “Lograr la conservación y promoción de la cultura nativa raizal mediantela creación y ejecución de disposiciones tendientes a la protección del patrimonio cultural, tangible e intangible del Departamento”.
Lo anterior da vía libre no sólo a la salvaguardia del baile, la cultura, la gastronomía, sino también de la vivienda típica, que es el mayor baluarte en el tema de patrimonio tangible y es así como desde la Asamblea se puede lograr que el Estado colombiano cumpla su tarea de preservar las tradiciones étnicas del Archipiélago.
Dentro de las funciones y responsabilidades de la Asamblea Departamental está, además de aprobar los recursos económicos necesarios para preservar y mantener el patrimonio material e inmaterial de la Cultura del Pueblo Étnico Raizal, la de generar disposiciones especiales para su fortalecimiento y la protección.
Finalmente, el diputado manifestó que de ser aprobada la ordenanza, se daría un plazo de un año para que los funcionarios del gobierno local junto a la Sociedad de Arquitectos, ingenieros agremiados, los constructores y sabedores nativos, se reúnan y decidan cuáles serían los lineamientos a futuro, para la conservación de estas casas.
“Sin embargo, mientras la política pública se esté elaborando, es necesario hacer algo urgente para reconstruir aquellas viviendas que están en riesgo inminente”, concluyó
