El panorama electoral nacional apunta a un giro total. Las encuestas y los analistas políticos señalan que las elecciones presidenciales se centrarán en discursos nuevos alejados del tema de la paz porque estamos hastiados de la polarización que ello ha causado.
Todo indica también hastío hacía el duopolio Uribe/Santos que ha dominado la política nacional de los últimos 16 años y ahora ha alcanzado altísimos niveles de rechazo y eso muestra que vacas sagradas nacionales y regionales pueden terminar en la hoguera del descontento público.
Algo similar también podría pasar en las islas ya que los electores isleños estamos cansados de promesas, ineficiencia, corrupción y falta de soluciones. Pero las estructuras políticas de siempre no desaparecen, estarán enmascaradas o bajo la superficie.
Se buscarán alternativas y surgirán nuevos líderes, y para tener éxito no serían convenientes las asociaciones con grupos tradicionales, aunque seguramente se aprovechará la maquinaria electoral –mediante alianzas basadas en promesas de puestos y contratos– que aún controlan los políticos.
En las islas aún no se han alcanzado niveles aceptables de desarrollo a pesar de la mayor inversión pública realizada en la historia local. El sentimiento generalizado es que San Andrés es un polvorín a punto de explotar por la inseguridad, sobrepoblación y descontento por falta de adecuados servicios públicos y empleos.
La atención del elector isleño se centrará en dos aspectos principales:
1. En alternativas a la gestión pública en relación no sólo a la dirección del gasto público, sino a la eficiencia de los mismos y en consecuencia los controles a la corrupción. Buscaremos más discursos de esperanza y de cambio con opciones positivas y propuestas concretas de soluciones.
Hay mucha presión en los aspirantes para favorecer un cambio de estilo de gobernabilidad donde prime la fiscalización, la transparencia, la participación ciudadana y la entrega de resultados. En juego está el uso óptimo de los millones del Plan Archipiélago.
2. El segundo aspecto dominará el panorama político por muchos años por venir. Es la relación entre el Estado central y las islas (en particular la comunidad raizal) y las presiones que se dan desde las islas para generar cambios en la estructura de esas relaciones, algo claramente reflejado en el Estatuto Raizal.
De especial relevancia es la búsqueda de autonomía como un proceso político y el balance entre poder central y regional al igual que el juego entre sectores locales que buscan el cambio y los políticos y empresariales que prefieren que las cosas se queden tal cual (de allí la formación del nuevo grupo).
Los aspirantes a cargos públicos no han tocado el tema, tal vez por temor a perder votos u ofender al Gobierno Nacional.
El Estatuto no será aprobado antes del 7 de agosto del 2018 y el nuevo presidente lo puede ignorar, pero las presiones de base continuarán. No saldrá porque está lejos de ser un proyecto óptimo y porque este Gobierno no tiene tiempo, y al parecer intenciones, de sacarlo. Se monta un show para dar una impresión de hacer algo.
La Haya: relaciones con Bogotá y búsqueda de mayor autonomía
El tema de la defensa en La Haya es importante en ese contexto de relaciones con Bogotá porque aún vemos el manejo de todo el asunto por parte de la capital: en menos de un mes se vence el plazo para rechazar la posición de Nicaragua –de que tiene derecho a más plataforma continental de la otorgada en el fallo del 2012– pero no hemos visto cambios significativos en ese manejo ni estamos más informados y, además, el debate local en torno al tema ha sido puesto en el congelador. Este caso es de alta peligrosidad porque podemos perder más…
Con beneplácito vemos raizales asesorando al Gobierno pero aún la mayoría de isleños estamos a oscuras de lo que pasa, cuando nosotros somos los únicos afectados y además somos ahora el argumento central de Colombia (y de seguro de los contra-argumentos de Nicaragua que serán descubiertos en las audiencias orales que vendrán antes del fallo).
Muchos asumen que esa presencia raizal lo que hace es más bien otorgar una falsa sensación de seguridad de que saldremos victorioso, pero diga lo que se diga las fronteras fijadas en el fallo del 2012 son definitivas. Esa angustia se puede aliviar tal vez con involucrar más a la comunidad y mantenerla más informada sobre los asuntos de La Haya, algo que se prometió pero no se ha cumplido.
La necesidad de mantener bajo reserva estrategias y contenido de argumentos no debería negar la oportunidad de los isleños de estar al tanto del proceso y de tener dudas resueltas, algo que no permite el hermetismo y exclusividad con que se maneja el tema.
Las consecuencias del fallo del 2012 han demandado una grandeza histórica de nuestros dirigentes nacionales y locales pero hasta ahora no lo vemos por ningún lado. Ni en el tratamiento del tema ante La Haya porque aún no tenemos un protagonismo o voz adecuada en el proceso (un co-agente raizal sería algo justo y debido), ni en la necesidad de usar el fallo pasa solucionar nuestros problemas.
¿Cómo responden los aspirantes?
Los políticos locales deben tener respuestas convincentes a esta dinámica de autonomía que se ha liberado. Hay dos factores que la distorsionan, lo cual conviene al Gobierno Nacional porque evitan avances.
Por un lado está la incursión del nuevo grupo en la arena política exigiendo una voz en todos los aspectos de las islas. Por otro lado están los 'juegos de seducción' (como lo señala la tesis doctoral de Sally Taylor) en que el Estado central utiliza mecanismos de cooptación de los descontentos raizales que surgen contra el Gobierno Nacional y sus políticas como elemento que en últimas ampara la desunión raizal y perpetúa el status quo favoreciendo no solo intereses nacionales de soberanía sino también locales asociados a intereses no raizales.
Sería interesante ver cómo los candidatos a diferentes cargos de elección popular responden a estar realidades.
Las opiniones están divididas y hasta polarizadas con respecto a lo que se quiere y no existe un proyecto regional coherente y unificado al respecto. El Estatuto está lejos de tener consenso y aprobación porque muchos desconocen su contenido y aún está en pañales.
Las debilidades del Estatuto van en marcado contraste con el despliegue de políticas hegemónicas, plasmadas en los millones del Plan Archipiélago, que neutralizan esos intentos de autonomía y aspiraciones raizales. Más que un intento claro de entregar mejoras se observa más bien la consolidación hegemónica y de soberanía nacional, contraria a los que buscan sectores raizales a través del Estatuto y otros mecanismos.
Los políticos se callan. Por eso, más que una campaña de ideas y opiniones, se nota un caudillismo y clientelismo alrededor de gente nueva y no nos han querido mostrar sus fortalezas y sus ideas, sino más bien se concentran el llamar la atención sobre las debilidades del gobierno local, de sus oponentes y de opiniones de la sociedad civil.
Algunos candidatos están siendo fortalecidos deliberadamente por oportunidades que se niegan a otros, lo cual refleja una intervención directa e injusta del Gobierno Nacional en la política local que busca favorecer la elección de gente dócil que por lealtad no cuestionarían lo nacional y por ende se seguirán ignorando demandas desde las islas.
Se debe jugar limpio y acabar con esa línea directa entre nexos contractuales estatales y proselitismo político que es evidente en algunos casos. Ni es ético ni es legal.
